Política en Cuba

Descolonizar el socialismo en Cuba

Por: Alexander Hall Lujardo

Las protestas sociales acontecidas en Cuba el domingo 11 de julio de 2021 significaron el estallido de movilizaciones de desaprobación popular sin precedentes en su dimensión desde el triunfo del proceso revolucionario el 1ro de enero de 1959. En horas tempranas de la mañana varias ciudades del país se habían lanzado a las calles para mostrar su descontento hacia la máxima dirección del gobierno, encabezado por el presidente de la República Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, quien ostenta la más alta jerarquía del Partido Comunista de Cuba en su función de Primer Secretario. Se trató de un hecho inédito que, aunque no tuvo carácter nacional debido a la falta de articulación entre las distintas poblaciones, así como a la temporalidad limitada de los hechos, abarcó las tres regiones en las que se encuentra dividida la Isla (occidental, central y oriental), por lo que su eco se hizo sentir en toda la geografía insular.

La suma de los factores que posibilitaron el estallido en un momento de pico pandémico por los estragos del Sars-Cov-2, no es resultado de un acto casual o aislado, sino consecuencia del cúmulo de sanciones que los Estados Unidos ha impuesto a Cuba en un contexto de crisis internacional. Este viene marcado por la recesión de las economías internacionales debido al quebrantamiento en la cadena de suministros ante la caída de sectores industriales y renglones estratégicos afectados por el impacto de la Covid-19. Ello ha provocado un encarecimiento de los alimentos, combustibles, rentas, piezas, medicamentos entre otros productos en un escenario atravesado por la carencia de divisas ante la abrupta contracción del turismo y, en los últimos días de la administración Trump, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo anterior ha imposibilitado al gobierno cualquier tipo de transacción financiera en dólares con otros países, al tiempo que le entorpece el establecimiento de convenios con entidades bancarias en esa moneda. El perjuicio de semejante política se extiende a la negativa del gobierno estadounidense en normalizar las relaciones político-económicas con la Mayor de las Antillas, además de la imposición de penalidades a inversores, bancos, empresas, compañías, firmas y comerciantes privados dispuestos a establecer cualquier tipo de negocio en el país.

Sin embargo, la economía cubana se encuentra en estado permanente de vulnerabilidad a pesar de contar con mano de obra altamente calificada. El elevado nivel de profesionalización y especialización de su potencial humano, sumado al impacto en el imaginario social que el proceso ha proyectado en las mentes de sus pobladores, redunda en la voluntariedad de sus laborantes en la cesión de horas extras al trabajo productivo. Esa incapacidad evidencia las fragilidades de un modelo marcado por la extrema centralización y la carencia de libertades en su base social. Tales elementos contribuyen a la proliferación de una burocracia extensora de prácticas corruptas que obstaculiza el crecimiento y las actividades comerciales, de modo que lesiona la eficiencia cuando su principal cometido debiera ser la solución de los obstáculos que tributan al ejercicio dinámico de la economía.

En este contexto, las consecuencias en la implementación de medidas como la venta de productos de primera necesidad en monedas libremente convertibles (MLC), han tenido un impacto traumático en la sociedad. Los trabajadores no tienen formas de acceder a esos bienes ofertados, a no ser mediante la recepción de remesas. Esta medida no solamente provocó una agudización considerable de la desigualdad en la capacidad de compra, pues también aumentó el descontento ante lo que constituye un claro avance hacia la implementación del modelo «capitalista de estado».

En tan difícil panorama, el gobierno dio luz verde a la denominada «Tarea Ordenamiento», al eliminar las distorsiones que provocaba la multiplicidad cambiaria, acompañada por una serie de transformaciones que hacían énfasis en el aumento salarial, la disminución de los subsidios y la estimulación del pago por resultado. Dicha política no tuvo el impacto que avizoraban los especialistas encargados de su aplicabilidad, después de una década para su materialización. Esta estrategia fue finalmente acometida en un escenario marcado por la caída de las economías globales, el encarecimiento de los productos de importación, las restricciones en la disponibilidad de divisas, entre otras afectaciones. Todo lo cual denota lo desacertado de implementar semejante cambio estructural en un período internacional seriamente afectado en el ámbito económico, comercial y financiero.1

De este modo, a la altura de la tercera década del siglo XXI, es posible visibilizar un complejo horizonte definido por una acumulación sistemática de insatisfacciones en la sociedad. Las que hallan su reflejo en una disminución del consumo, sumado al desagrado que ocasiona el aumento de las desigualdades, luego de décadas marcadas por el predominio de un modelo caracterizado por el igualitarismo en su propuesta programática, cuya debacle aún lacera los recuerdos de generaciones que sacrificaron gran parte de su existencia a los anhelos de un proyecto que reivindicó a una parte considerable de la población con logros trascendentes en materia social.

Resulta indiscutible el reconocimiento a la emancipación humana que significó para los humildes del territorio el triunfo revolucionario de 1959, así como el impacto internacional que adquirió la Revolución Cubana en la descolonización de los pueblos del Tercer Mundo. A lo anterior se añaden sus estrategias populares, con altos niveles de participación, dirigidas a la dignificación de sectores subalternos (pobres, negros, mestizos, mujeres, obreros, campesinos) históricamente excluidos del pacto social por el sistema capitalista subdesarrollado existente en la nación.

Ante ese legado histórico de dignificación y restitución de la justicia social ¿Cómo entender entonces las manifestaciones de desagravio ocurridas contra el gobierno presidido por el Primer Secretario del PCC Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez? Precisamente, las protestas son el resultado de insatisfacciones acumuladas, fracasos políticos, deudas históricas, carencias socioeconómicas y errores sistemáticos que aún pesan sobre los hombros de la ciudadanía. Y ello a pesar de no poseer pleno reconocimiento por gran parte de la izquierda internacional que considera al régimen imperante en Cuba como un bastión representativo de las fuerzas revolucionarias a nivel mundial, cuyo alineamiento le dificulta analizar objetivamente las contradicciones, limitantes y malogros que tipifican este proceso a su interior.

Imágenes del carácter pacífico de la manifestación ocurrida el 11 de julio de 2021 en la intersección de las avenidas Prado y Malecón. Fotos del Autor.

A pesar del impacto mediático y la dimensión que alcanzaron las protestas en la geografía nacional, las instituciones del estado no han hecho una lectura suficientemente crítica. Atrincherados en una concepción maniquea de esos eventos, reproduce una narrativa que coloca en el punto satánico de la dualidad a los sujetos que protagonizaron acciones de inconformidad, sin indagar seriamente en las causales que motivaron a una parte considerable de la población a exteriorizar su descontento con el actual liderazgo político. Del mismo modo, se han mostrado ineficientes en su capacidad para establecer alternativas de transformación integrales en áreas necesitadas de atención social, infraestructura económica y re-visitación por parte de las autoridades. En cambio, se dirigió hacia ellos el peso de la represión, la censura oficial, la preterición de sus demandas y la judicialización de sus actos.

La prensa nacional ha reaccionado de forma airada, al arrojar calificativos denigrantes hacia los que demostraron de forma pacífica su inconformidad con el gobierno e hicieron uso exteriorizado de sus derechos constitucionales a la libre manifestación pública, contemplados en la Carta Magna de la República según los artículos 54 y 56 del enunciado documento.2 Sin embargo, no han sido pocos los que haciendo uso de esa facultad legalmente reconocida, han sufrido la severidad de la detención policial, la agresión física por parte de simpatizantes «revolucionarios» y/o la apertura de un expediente investigativo.3 La intolerancia ha calado con tal fuerza en los medios de comunicación,4 que no han faltado las adjetivaciones inferiorizantes dirigidas al corpus de la globalidad que bajo diversas circunstancias, procedimientos, razones, emplazamientos y situaciones temporales salieron a las calles a protestar.5

La violencia del oprimido reclama nuevas formas de emancipación.

No han sido escasos los intelectuales, periodistas, escritores y artistas que ocupando un espacio en la prensa oficial, han hecho uso de la visibilidad que le otorga dicha plataforma para censurar el proceder de actores sociales. Tales pronunciamientos se han producido en un momento en que la existencia se torna complicada para los residentes de los estratos más bajos de la sociedad, marcados por una extensión de la economía informal como única alternativa de supervivencia, ante la incapacidad del estado en redimir esos espacios marcados por la hostilidad de su entorno y la precariedad en sus modos de vida.

La proliferación desproporcionada de encasillamientos denigrantes al analizar los hechos, conduce a una lectura reduccionista en el análisis al extenderse indiscriminadamente en el discurso oficial calificativos como: «mercenarios», «malandrines», «delincuentes», «criminales», «anexionistas», «reaccionarios», «marginales», «alcoholizados», «contrarrevolucionarios», entre otros. Todo ello sin entender que tales posicionamientos en contra del orden imperante son un subproducto del propio sistema político, en tanto este ha sido incapaz de ofrecer vías de solución efectivas a las problemáticas que laceran la vida de estos sujetos.

Durante la evolución del proceso revolucionario, gran parte de la población marginada ha contemplado cómo le han sido vetados sitios importantes de superación. Pues si bien sus derechos están garantizados en la ley bajo principios de igualdad, un número importante de condicionamientos, entre los que resaltan las causales geográficas, económicas, educacionales, sociales, entre otras, impiden que dichas garantías se materialicen con efectividad. Semejante realidad tiene lugar debido a dificultades inminentes que provocan un extensivo uso de prácticas marcadas por la supervivencia, al ser comunidades carentes de necesidades básicas, como resultado de una gestión que ha convertido tales espacios en zonas atravesadas por la pobreza, la inseguridad y la desatención social. La agresividad de ciertos grupos criminalizados por la prensa oficial ante los actos de vandalismo en el marco de las protestas, es el resultado de la violencia simbólica en que se desarrolla cotidianamente la vida de estos individuos, cuyos contornos citadinos permanecen alejados de los paisajes que tipifican la comodidad residencial de burócratas, funcionarios y oficiales de alto rango.

La violencia de los «marginales» se expresa en el ataque a lo que identifican como los aparatos de opresión por las instancias de poder que los ha relegado a recintos subrepticios del tejido social, alejados del centro que le ha vetado representación en las altas esferas de participación ciudadana. Al tiempo que estas deforman su expresión, utilizando el sustituto ventrílocuo de dirigentes que dicen representar sus intereses, la realidad que impera en tales ámbitos carece de visibilidad en los medios o instancias de decisión gubernamental. Esa violencia que se canalizó en las calles, tiendas y establecimientos públicos, es consecuencia de la marginación en que las instituciones han recluido a estos sectores históricamente invisibilizados en el proyecto nacional. A cambio, se les ofreció el rigor de los órganos represivos, al añadirle dosis de violencia a la reacción desmedida de protestantes seriamente afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.

Ese grito caótico, desesperado y carente de organicidad, es una derivación de las medidas tecnocráticas impuestas al calor de las sanciones norteamericanas, así como de la vulnerabilidad económica que impuso el impacto de la Covid-19. Esto halla su expresión en un aumento considerable de los precios, sumado a una situación de desabastecimiento generalizado, en tanto se colocan gran parte de los bienes indispensables en los mercados de divisas (MLC) que no se encuentran al alcance de la mayoría, pues se comercializan en una moneda inalcanzable para el trabajador local; de ahí, que la mayor parte de esos establecimientos se hayan convertido en blancos de ataques por quienes se encuentran incapacitados de acceder a tales productos.

Como antecedentes inmediatos de la protesta del 11-J es posible situar a las huelgas del Movimiento San Isidro (MSI), sumado a la participación de escritores, músicos, poetas, cineastas, activistas, blogueros y artistas ante la sede del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre del 2020 (27N). Tales hechos evidencian la creciente inconformidad que persiste en la sociedad ante las instancias de gobierno, que ha desconocido reiteradamente las demandas de la sociedad civil, apegados al verticalismo del PCC y a las orientaciones del Departamento Ideológico de la organización partidista. La recurrente desatención de esos reclamos, sumado al difícil contexto político-económico, creó las condiciones favorables para la ocurrencia de un estallido social.

A pesar de la creación de plataformas para la instauración de diálogos entre los gobernantes y la ciudadanía, se han hecho públicas las denuncias en redes de los acosos policiales, detenciones arbitrarias y cercos de las autoridades a varias de las figuras involucradas en las negociaciones. Al mismo tiempo, estas han padecido de linchamiento mediático y violaciones a su privacidad expuesta en los canales televisivos, lo que demuestra el carácter anti-democrático de la prensa nacional. Esto se traduce en la negativa a un espacio público de participación plural, no sometido al filtro «revolucionario» de su propuesta, hecho que implica la subordinación del pensamiento al sistema político y ratifica la imposibilidad de divulgar otras cosmovisiones, no mediadas por el cerco estatal que utiliza como excusa prohibitiva del disenso el carácter sitiado del territorio.6

Un elemento importante a señalar en el análisis es el factor generacional y los conflictos que las diversas composiciones demográficas por clasificación etaria generan al interior de la sociedad. Pues, si bien durante la etapa de 1959 hasta 2016 la conducción del país estuvo encabezado por el liderazgo carismático de Fidel Castro y el resto de los dirigentes pertenecientes a la generación que se enfrentó a la dictadura batistiana mediante la lucha armada como forma de acceder al poder; el actual gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel y el resto de los líderes que forman parte del relevo generacional no ha logrado cuotas sustanciales de legitimidad popular, debido a la ralentización de los cambios estructurales, la agudización de la crisis socioeconómica, el desgaste del discurso «revolucionario» que redunda en su falta de credibilidad, la inalterabilidad de las condiciones generales de vida y la crisis institucional que padece el deterioro de la propiedad social, sumado a una fosilización de las organizaciones políticas y de masas que, a la altura del presente, no representan la totalidad de los intereses existentes en el seno de la sociedad cubana contemporánea.

Los mecanismos utilizados por la nueva estructura gubernamental para lograr altas dosis de identificación popular es tarea pendiente en la conducción de los destinos del país. En su cometido debe tener en cuenta los disensos evidentes en el pacto social, proponer la renovación del discurso ante una ciudadanía marcada por los efectos de la globalización, el consumismo, la extensión del mercado y las nuevas formas de socialización de la posmodernidad. Además de la necesidad de establecer nuevos puentes de diálogo, espacios de participación y renovación de los mecanismos democráticos que padecen el desgaste de muchos años de inalterabilidad.

La máxima dirección del Partido/Estado ha rubricado, en los procesos de debate y acuerdos establecidos en el VIII Congreso del PCC, el sostenimiento de la organización partidista como «fuerza política dirigente superior de la sociedad». Esto significa la conservación de los moldes que han caracterizado el ejercicio democrático en la Isla, tipificados por «el carácter irrevocable del socialismo»,7 la burocratización en las formas de gestión económicas ante el extendido predominio de la propiedad estatal, la morosidad de las reformas que imposibilitan una franca liberación de las fuerzas productivas para lograr el anhelado despegue en el crecimiento, a lo que se añade el sostenimiento de la participación ciudadana en los mecanismos tradicionalmente instituidos. Todos estos aspectos redundan en una concepción estadocéntrica del poder, matizada por el carácter «comunista» y/o «revolucionario» militante de su dirigencia representativa, que deja al margen de la inclusión a otras formas de pensamiento, accionar, creación y expresión, confiriéndole un carácter excluyente a la composición democrática del sistema social. Sin embargo, esta proyección arraigada en la mentalidad del liderazgo político omite las voluntades de transición neoliberales, modos de vida burgueses y actos de corrupción presentes en las esferas superiores del gobierno.

La izquierda internacional, encabezada por voces confluentes en el Foro de São Paulo, ha mostrado su apoyo incondicional al gobierno, al tiempo que condenan las protestas, sesgados por una concepción que visibiliza la necesidad de permanencia del modelo en la Isla. Es un hecho para nada sutil, teniendo en cuenta el ascenso en el planeta de expresiones proto-fascistas, supremacistas y racistas, protagonizadas por actores de la derecha oligárquica internacional que hacen uso de una retórica ultra- capitalista depredadora, excluyente e irracional. Sin embargo, dicha posición omite las contradicciones del modelo bajo la justificante de los daños que ocasiona el bloqueo/embargo a la economía cubana. Del mismo modo que hace oídos sordos ante las diversas alternativas socialistas presentes en el territorio, como son el freudomarxismo, el ecosocialismo, el antirracismo, el anarquismo, el feminismo, las disidencias sexuales, entre otras. En efecto, estos movimientos padecen la deslegitimización de sus propuestas y la desacreditación de sus ideas por parte del Partido/Estado, sin importar los puntos de confluencia con tales organizaciones y movimientos políticos.

En cambio, hace recaer sobre ellos la censura, la represión e ilegalización de sus actividades, al poseer un control monopólico de los medios de comunicación. Ceden ante el dogmatismo, el reduccionismo, el oportunismo y la estrechez mental de su militancia, con la persecución de actores cívicos que bien pueden constituir aliados fundamentales para la conformación de una base revolucionaria más amplia que, desde múltiples emplazamientos progresistas tributen al desarrollo de la nación. La incomprensión de esta realidad ocasiona que muchos grupos no anti-socialistas asuman un posicionamiento anti-gubernamental, ocupando un espacio inmerecido e injustificado en la oposición.

La emancipación del sistema político cubano reclama la democratización en sus variadas formas de participación. Esto pasa por un enriquecimiento en la cultura del debate y la discusión pública de temáticas sociales, basadas en el reconocimiento a la diversidad en las formas de pensamiento existentes con la intención de viabilizar las históricas demandas de la sociedad civil. La supervivencia del sistema económico exige una pronta liberación de las fuerzas productivas, para no seguir incrementando el cúmulo de obstáculos e insatisfacciones en los sectores que más aportan a la sostenibilidad de rubros estratégicos, debido a las afectaciones que produce una burocracia corruptora que ha extendido sus prácticas parasitarias hacia todos los ámbitos de la propiedad estatal.

La caricatura demuestra el carácter simplista de la izquierda tradicional en el análisis de la situación cubana, en la que deslegitima la voluntad popular en la movilización, al subordinar los reclamos de la sociedad a la agenda antinacional de grupos pro-estadounidenses que no resultaron ser protagonistas en los hechos del 11-J. Este reduccionismo analítico desconoce la heterogeneidad de los manifestantes, así como la gravedad que denota la fractura del consenso en la Isla ante un agotamiento del modelo y un desgaste en sus formas democráticas. A la mirada acuciante del observador, es posible visibilizar además, una intencionalidad racista, en tanto reproduce la supuesta incapacidad de los negros(as) para ejercer de forma cívica sus derechos constitucionales, al ser portavoces de sus propias demandas. Imagen tomada del blog en Facebook del intelectual argentino Atilio Borón, https://atilioboron.com.ar/la-revolucion-cubana-victima-de-su-exito.

Así como resulta apremiante reducir el papel del estado ante el predominio de una concepción verticalista en la administración, caracterizada por una centralización exagerada que no contribuye a obtener satisfactorios rendimientos en las más diversas esferas, de igual modo se torna inaplazable el establecimiento de nuevas formas autonómicas de expresión. Estas no deben estar mediadas por el sesgo que, desde cómodas instancias de poder, establecen los parámetros, decretos y regulaciones de la cultura, a través de la implementación de una política tendiente a la homogenización de las formas creativas. Con ello se pretende el control por parte de funcionarios revestidos de autoridad institucional, cuya concepción lesiona la riqueza de la diversidad creadora existente en el país. De igual forma, resulta impostergable la creación de una ley de asociaciones que permita el reconocimiento de las numerosas formas de activismo que, en las actuales circunstancias, se desarrollan al margen de la legalidad, a pesar de que dicho vacío no imposibilita el normal ejercicio de sus actividades.

La profundización democrática hacia el socialismo requiere de un tratamiento renovado a los sectores/grupos subalternos, relegados a espacios de ostracismo y marginación que impiden la total integración de sus miembros a la sociedad, al negársele vías dignificantes al pleno disfrute de sus derechos y materialización de garantías efectivas de acceso real a los beneficios otorgados por la ley. Ese cometido reclama de un raigal tratamiento hacia las comunidades desfavorecidas, sensiblemente afectadas por los vacíos que genera la formalización de costumbres fósiles naturalizadas en el modelo político.

La salvación del proyecto revolucionario en su esencia socialista requiere, fundamentalmente, la descolonización de todas las formas de opresión que se articulan desde el poder hacia las clases bajas de la sociedad. Ello, mediante el riguroso tratamiento de las deudas pendientes cuya rehabilitación sería capaz de restituir la dignidad humana de sujetos invisibilizados, a pesar de su importante identificación con un sistema al que han contribuido con dosis relevantes de protagonismo.

El serio tratamiento de los factores que laceran el avance del socialismo,8 demandan la atención de los intereses populares que se expresan en los reclamos de una sociedad civil cada vez más diversa e influyente, estableciendo pasos acertados hacia la radicalización democrática. De materializarse, se colocaría el país en mejores condiciones para el despegue, sobre la base del compromiso político en la construcción de un sistema inclusivo, alejado de anacrónicos discursos que rememoran viejas mentalidades matizadas por el odio, la utopía, la unilateralidad de pensamiento y la homogeneidad social.

Dichas actitudes se encuentran plenamente distanciadas de las necesidades actuales de la sociedad cubana, influida en su mentalidad por una variedad de factores que transitan desde las diferencias generacionales hasta el impacto de la globalización. De ahí que sea necesario comprender la complejidad del momento histórico que reclama el presente, y concientizar la importancia de acelerar las transformaciones que exigen urgente implementación para evitar el tránsito hacia posicionamientos políticos que pongan en peligro, incluso, el carácter independiente del territorio nacional.

NOTAS:

1 Un aspecto que ha de ser evaluado en el resultado de la «Tarea Ordenamiento» por los especialistas de las ciencias económicas es la necesidad del cambio de mentalidad ante el trabajo, debido a que continúa proliferando la burocracia, el escaso rendimiento, la comodidad en la planificación, el descontrol, el desestímulo, la escasa innovación, el excesivo número de laborantes en plantillas, la propagación de la corrupción, el robo, el amiguismo, el tráfico de influencias y el nepotismo en las empresas, cooperativas y establecimientos estatales, lo que coadyuva a la improductividad y el bajo crecimiento.

2 ARTÍCULO 54. El estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede evocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

3 Han resultado numerosas las detenciones aleatorias, así como la apertura de expedientes policiales a los manifestantes, espectadores y/o transeúntes desconcertados que, de manera casual, se encontraban en lugares en los que se produjeron protestas. Así lo ratifican los testimonios de personas incidentalmente involucradas que, a la postre, resultaron víctimas de abusos a su integridad por parte de las fuerzas del orden. Al mismo tiempo, el trato desmedido que recibieron los manifestantes por el ejercicio pacífico de un derecho constitucional, añadido al llamado a enfrentar a los «contrarrevolucionarios» realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel en televisión nacional, denota la criminalización de la movilización popular como un ejercicio cívico que carece de legitimidad en el país.

4 Entre los muchos artículos periodísticos que situaron la matriz de opinión en la criminalización de las protestas y deslegitimación de sus demandas, particular asombro causó el escrito de la poeta negra, traductora y estudiosa del pensamiento caribeño Nancy Morejón, bajo la rúbrica de «Malandrines», en la que se emplaza al lado del colonizador(a) con una propuesta analítica reduccionista y estigmatizante de la población que expresó su descontento. Véase la página: http://www.granma.cu/cuba/2021-07-19/malandrines-19-07-2021-17-08-28. Consultado el 30 de abril del 2021.

5 El autor del presente escrito ratifica el carácter pacífico de los manifestantes en las concentraciones que se produjeron en las transitadas avenidas de Prado hasta Malecón; sin embargo, se produjeron hechos evidentes de exceso policial, agresiones por parte de simpatizantes «revolucionarios» protegidos por las fuerzas del orden, así como intimidación a la población por agentes de seguridad y soldados de la FAR que se presenciaron armados en los lugares de las protestas.

6 Un ejemplo palpable del carácter equívoco de la visión que considera congruente acallar problemáticas sociales, de modo que se postergue la discusión pública de un asunto complejo debido a la hostilidad del gobierno estadounidense a la Isla, fue la política de silencio establecida durante décadas por el estado cubano sobre la temática racial. Los estudios contemporáneos publicados por especialistas nacionales sobre el tema, ratifican que dicho emplazamiento, lejos de contribuir a una comprensión certera del asunto, así como ofrecer vías de solución integrales, ofreció concepciones distorsionadas y permitió la reproducción de prejuicios, criterios discriminatorios, cánones eurocéntricos y patrones occidentalizados que permanecen hasta hoy.

7 Desde el rigor de la economía política no es posible afirmar la existencia práctica de socialismo en Cuba, ya que desde el triunfo revolucionario en 1959 la mayor parte de los medios de producción transitaron de ser propiedad privada a propiedad estatal, en lugar de implementarse una plena socialización de los mismos. A esta realidad, se sumó al carácter hegemónico del PCC, la eliminación de las tendencias en el gobierno, la unanimidad predominante en la Asamblea Nacional, el monopolio del estado sobre los medios de comunicación, el excesivo centralismo en las decisiones político-económicas, acompañado en las últimas décadas por una expansión abrumadora del sector privado y el capital transnacional extranjero, entre otros elementos.

8 A raíz del «Período Especial» se inició un proceso de privatización gradual, en detrimento de la propiedad cooperativa y la socialización real en los procesos de producción. El cambio en la política económica provocó el ascenso de elites conocidas popularmente como «nuevos ricos», lo que evidencia un aumento de la desigualdad y la concentración del consumo en determinados grupos sociales; hechos que confirman la reconfiguración del sistema hacia un modelo neo-capitalista promovido desde las esferas del gobierno, acompañado por el sostenimiento de prácticas autoritarias como resultado de su esencia unipartidista estadocéntrica.

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Autor

  • Estudiante de Historia y activista afrodescendiente de ideas socialistas.

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